La Cámara Contencioso Administrativo Federal –Sala I– resolvió hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y la Federación Farmacéutica (FEFARA), suspendiendo los efectos de diversos artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 que ponían en riesgo la salud pública y afectaban de manera directa el ejercicio profesional de los farmacéuticos.
El fallo representa un paso fundamental en la defensa del derecho a una atención sanitaria segura y profesional, y reafirma que el medicamento no puede tratarse como una mercancía común, sino como un bien social cuya dispensa debe estar garantizada por profesionales capacitados. En este sentido, el tribunal consideró que las normas impugnadas atentaban contra funciones indelegables del farmacéutico y habilitaban la venta de medicamentos sin los debidos controles, incluso fuera de farmacias y en manos de personas no formadas en la materia.
La sentencia, que se enmarca en la línea del fallo “Farmacity” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reconoce que la actividad farmacéutica no puede subsumirse a una lógica meramente comercial, y que su rol es esencial para garantizar el acceso seguro y equitativo a los medicamentos.
Entre otros puntos, la Cámara suspendió hasta sentencia definitiva los efectos de los artículos 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 323 y 324 del DNU 70/2023, así como de todas las resoluciones reglamentarias y modificatorias dictadas en su consecuencia.
Desde COFA y FEFARA celebraron este importante avance en la protección de los derechos profesionales y de los pacientes, destacando que la farmacia debe seguir siendo un espacio de salud, donde el medicamento esté bajo custodia de un profesional universitario, con responsabilidad ética y sanitaria.
En el mismo sentido, el Colegio Farmacéutico de Jujuy expresó su total adhesión al reclamo federal y celebró la decisión judicial, considerando que la medida “reivindica una lucha histórica por una farmacia centrada en el paciente, con servicios seguros, responsables y orientados al bienestar social”.
Este fallo no solo significa un respaldo a los farmacéuticos argentinos, sino que reafirma un principio clave: no hay salud sin profesionales que garanticen el uso seguro del medicamento.
